El caso estalló con fuerza en los pasillos de uno de los centros médicos más importantes del país. El fiscal general Ricardo Sáenz pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones que confirme el procesamiento de los médicos Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse.
Se los acusa de desviar potentes drogas anestésicas de uso quirúrgico para consumo personal. La decisión final de la justicia podría conocerse en las próximas horas.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional deberá resolver en los próximos días.
ROBOS PARA VIAJES CONTROLADOS
La acusación es grave y directa. Según la fiscalía, los imputados abusaron de sus cargos para retirar propofol y otros insumos de la farmacia del hospital. La excusa era usarlos en cirugías. Sin embargo, el destino real de los medicamentos eran sus propias casas.
La investigación sumó testimonios clave de colegas y amigos que complican la situación de los médicos:
- Chantal Leclerq vio a Lanusse tirada, casi inconsciente y le reconoció que se había “drogado” con Boveri.
- Testigos declararon que los médicos se inyectaban la anestesia de forma mutua en sus francos.
- En los allanamientos a sus casas se encontraron «vinchas VIS», un costoso material médico para monitorear la anestesia que jamás debió salir del hospital.
¿CÓMO ERA LA MANIOBRA?
La sospecha principal apunta a un engaño en los papeles médicos. La maniobra consistía en anotar en la historia clínica del paciente una dosis de anestesia mayor a la colocada en realidad. Ese sobrante que quedaba libre era el que luego se llevaban a sus casas.
El jefe de anestesia del hospital admitió que era imposible controlar con exactitud si lo que el médico declaraba coincidía con lo que realmente usaba en el quirófano. La posición de Boveri como encargado de neurocirugías (donde se usa mucha anestesia) facilitaba el desvío.
LA RESPUESTA DE LOS ACUSADOS
Por su parte, los abogados defensores de Boveri y Lanusse apelaron el procesamiento. Aseguran que la causa se basa en rumores de pasillo y testimonios de oídas. También afirman que el hospital no pudo demostrar una pérdida económica real ni existen pruebas directas del robo de las ampollas. Ahora, la Cámara de Apelaciones tiene la última palabra.
