Un año de investigación fue necesario para desbaratar la banda conocida como «Las reinas del inhibidor».
Todo comenzó en octubre de 2022, cuando delincuentes portando armas de fuego robaron un móvil policial en la localidad de Quilmes que después fue encontrado en Ezeiza.
Las investigaciones permitieron comprobar que no se trataba de un hecho aislado. La intervención de líneas de teléfonos celulares confirmó que una compleja organización criminal se estaba dedicando al robo, compra, venta y «empapelado» de vehículos de alta gama. Los robaban amenazando a sus dueños con armas de fuego pero también con la utilización de inhibidores de señal (denominados en la jerga como «matabichos»).
La banda contaba en ese momento con 15 integrantes que obedecían órdenes de una mujer actualmente detenida y estaba conformada por sus hijos y nueras, conocidas estas últimas como «las reinas del inhibidor».
Tiempo después se comprobó que la organización continuaba operando con la misma modalidad, pero bajo las órdenes de uno de los hijos de «la jefa», que se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 24 de Florencio Varela.
Una docena de allanamientos en las localidades de Cañuelas y Monte Grande permitieron el secuestro de un inhibidor de señales, celulares, un DVR, un handy, herramientas para el desguace de vehículos, cuños alfanuméricos, armas de fuego, chaleco antibalas, diez vehículos, autopartes y patentes con pedido de secuestro.
En los operativos detuvieron a seis sospechosos que respondían a los alias «Pato», «Colo», «Tetu», «Rey de los papeles», «Luquitas» y «Ñaña».
También se realizaron allanamientos en Luis Guillón, El Jaguel, 9 de Abril, Máximo Paz, Carlos Spegazzini, Presidente Perón y la Unidad Penal N° 24 de Florencio Varela con el secuestro de 20 celulares, 3 notebooks, pendrives, un disco externo, una computadora, dos máquinas de contar billetes, documentación para la compra y venta de autos y una pistola Bersa calibre 9mm con numeración suprimida.
Además, incautaron numerosas herramientas para adulterar la numeración de motores y chasis y sospechan que la banda también se dedicaba a falsificar certidicados de estudios secundarios y universitarios que llegaban a cobrar más de medio millón de pesos de acuerdo al nivel.
La acusación es «asociación ilícita, falsificación de documento público, robo automotor calificado y encubrimiento». Interviene la UFI N° 12 a cargo de la doctora Ximena Santoro, la UFI Temática de Automotores (doctro Gastón Zivec), Juzgado de Garantías N° 1 a cargo del doctor Juan José Anglese y Departamento Judicial Quilmes.
