Un empleador tendrá que pagar una millonaria indemnización a una exempleada que lo denunció por agredirla, obligarla a vestir polleras cortas, a maquillarse para agradar a los clientes y a «proporcionarles su número de teléfono si se lo pedían».
La víctima era camarera en un local gastronómico de Pinamar. Denunció a su jefe en el fuero penal, y luego en el civil, por insultos y agresiones.
Entre las pruebas presentadas, hay una filmación en la que se puede ver al patrón agrediendo a la joven empleada y que fue fundamental en la sentencia.
Según publicó el portal justiciadeprimera.com, además de pagar, el acusado deberá realizar un programa o curso de capacitación sobre violencia de género por orden judicial.
LA RESOLUCIÓN
“La perspectiva de género no sólo es un deber ineludible del juzgador al meritar la prueba, sino de todos los operadores del derecho en el ejercicio de cualquiera de los roles que el proceso judicial asigna, impone una nueva mirada, con efectos bien puntuales en el quehacer cotidiano del servicio de administración de justicia”, advirtió en la sentencia la Cámara Civil y Comercial de Dolores
Lo hizo al criticar que cuando la causa estuvo en un juzgado de primera instancia se convocó a la víctima a una audiencia conocida como “absolución de posiciones”, donde demandado y demandada responden preguntas, y se permitió que la defensa de su ex empleador avanzara en realizar inquisiciones sobre su pasado y vida privada.
Hubo “revictimización” y “es consecuencia de inadecuadas prácticas que provienen de instituciones y en un resultado directo, aunque no exclusivo, de la violencia institucional que incluye acciones u omisiones del Estado”, agregó el Tribunal de Apelaciones en la falló que publicó el portal especializado en temas judiciales.
