El Gobierno argentino deberá abonar una indemnización a un hombre condenado por múltiples homicidios, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La medida, formalizada mediante el Decreto 577/2025 publicado en el Boletín Oficial, establece un pago total de USD 11.000 por daños materiales e inmateriales.
La decisión responde a un fallo emitido el 24 de marzo de 2023 por el tribunal internacional en el caso “Álvarez vs. Argentina”. Según la resolución, el Estado argentino violó garantías judiciales y derechos de defensa durante el proceso penal contra Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez, lo que derivó en la condena internacional y en la obligación de reparar económicamente al demandante.
La condena de la Corte Interamericana
El fallo de la CIDH determinó que Argentina vulneró artículos clave de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la posibilidad de designar abogado de confianza, la defensa técnica eficaz y la facultad de interrogar testigos. Además, señaló la violación del derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior.
La Corte también ordenó una revisión amplia de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral de Menores N.º 1 en 1999, así como el pago de las sumas fijadas “en equidad”: USD 1.000 por daño material y USD 10.000 por daño inmaterial. El decreto firmado por el presidente Javier Milei y varios ministros indica que el gasto se imputará a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro.
EL PRONTUARIO
“Concheto” Álvarez fue acusado de cometer, el 28 de julio de 1996, el asesinato del hijo del exministro de Obras Públicas Bernardo Loitegui, a quien le disparó dos veces durante el robo de su Mercedes Benz, frente a su hija y sin que mediara resistencia. Ese mismo día habría matado a un policía fuera de servicio y a una estudiante que celebraba un cumpleaños. Posteriormente se le adjudicó otro homicidio con arma blanca.
Álvarez se hizo conocido no solo por la violencia de sus crímenes, sino también por la imagen que proyectaba: vestía traje y lentes, y pertenecía a una familia de clase acomodada de Acassuso. Había estudiado en colegios privados y reclutaba cómplices en la villa La Cava de San Isidro. La prensa lo comparó con Robledo Puch, y en su domicilio la policía halló recortes de prensa sobre el “Ángel Negro”.
Sus delitos incluían robos a restaurantes de lujo y a figuras de alto perfil, como un directivo de la petrolera Esso. Los peritos lo describieron como un narcisista con rasgos psicopáticos.
En 2015, un fallo judicial redujo su condena y le permitió recuperar la libertad tras 25 años de prisión. Sin embargo, meses después fue detenido por un intento de salidera bancaria. Durante el confinamiento por la pandemia en 2020, participó en la negociación que evitó un motín en la cárcel de Devoto, donde actualmente cumple condena y donde obtuvo el título de abogado para ejercer su propia defensa.
La indemnización dispuesta por la CIDH reaviva el debate sobre el alcance de las sentencias internacionales y la obligación del Estado argentino de acatarlas, incluso en casos que involucran a homicidas. El pago deberá concretarse antes del 7 de noviembre de 2024, un año después de la notificación oficial de la resolución.
