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TRIPLE CRIMEN: LA JUSTICIA INDAGA A LOS DETENIDOS Y SIGUE LA BÚSQUEDA DE «PEQUEÑO J»

Ariel Giménez y Víctor Sotacuro son los últimos acusados que fueron detenidos durante el fin de semana. Su rol habría sido parte de la planificación de los asesinatos. El fiscal espera que puedan aportar información sobre el principal sospechoso.

La causa por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) entra en una etapa clave. La Justicia indagará este lunes a los dos acusados que fueron detenidos el fin de semana en la localidad bonaerense de Florencio Varela y en Bolivia.

El primero es Ariel Giménez, señalado como el hombre que cavó el pozo donde enterraron a las víctimas; mientras que el otro es Víctor Lázaro Sotacuro, atrapado en el país limítrofe bajo la sospecha de que participó como chofer de un vehículo en la ejecución de los asesinatos.

Ambos quedarán frente al fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quien le leerá los cargos de la imputación. De esa manera, busca avanzar en el rompecabezas criminal que conmociona a todo el país y que, según los investigadores, tuvo una planificación vinculada directamente a una organización narco.

La audiencia comenzará a las 9. Los dos sospechosos están acusados por el mismo delito, el de encubrimiento agravado, pero se cree que cada uno cumplió un rol diferente en el plan macabro que terminó con la vida de tres jóvenes.

Por eso, el fiscal Arribas espera tomarle declaración y que alguno de los dos aporte algún dato importante para dar con el paradero de “Pequeño J”, principal acusado que sigue prófugo.

Giménez, de 29 años, fue detenido el viernes en Florencio Varela cuando regresaba a su casa, sin saber que había un operativo montado para atraparlo. De acuerdo a la investigación, habría sido contratado por la banda exclusivamente para cavar la fosa en la que luego sepultaron los cuerpos de las tres jóvenes, en el aguantadero de Villa Vatteone.

Sotacuro de 41 años y nacionalidad argentina y peruana, fue apresado en un hostal de Villazón, Bolivia, en un trabajo conjunto entre la Policía de ese país y el Ministerio Público de Jujuy.

Este domingo aterrizó en Buenos Aires cerca de las 20.30 y quedó a disposición del juez de Garantías, Fernando Horacio Pinos Guevara, que resolvió que sea derivado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Los investigadores sostienen que el hombre sería quien manejó el vehículo que habría sido utilizado para mover a integrantes de la organización durante la noche en que las víctimas fueron asesinadas.

Si bien en su defensa dijo que solo trabajaba como remisero y que fue contratado para un viaje después de una fiesta, sus dichos están bajo la lupa. La sospecha es que pudo haber presenciado las torturas o incluso participado de los crímenes.

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