La Justicia Penal del departamento judicial de Avellaneda-Lanús dictó una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, para el empresario Javier Naselli por el término de un año. La medida se tomó en el marco de la causa por daños en contexto de violencia interfamiliar contra su expareja, la conductora Victoria Xipolitakis, y el hijo de ambos.
El proceso judicial se originó a partir de un episodio en el que Naselli destruyó el teléfono celular de la modelo estrellándolo contra el suelo en presencia del menor, quien intervino de manera directa en defensa de su madre.
El registro en video de dicho incidente tomó amplia trascendencia pública y se constituyó como una de las pruebas centrales del expediente.
La resolución judicial dictada establece un estricto régimen de reglas de conducta y obligaciones que el imputado deberá acreditar de manera obligatoria durante los próximos doce meses para evitar el avance del juicio oral:
- • Capacitación obligatoria: Naselli deberá realizar cursos en el programa «Hablemos», un espacio destinado a varones que han ejercido violencia, dependiente del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires.
- • Asistencia psicológica: Tendrá que someterse a un tratamiento terapéutico especializado.
- • Reparación comunitaria: Deberá efectuar una donación de alimentos no perecederos a una institución de bien público.
- • Restricción perimetral: Se le impuso la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Victoria Xipolitakis, de su grupo familiar, de su domicilio, lugar de trabajo y espacios de concurrencia habitual.
- • Cese de hostigamiento: Queda expresamente inhabilitado para realizar cualquier acto de intimidación, perturbación u hostigamiento hacia las víctimas, ya sea de forma personal o mediante terceras personas.
A pesar de que el empresario reside actualmente en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la Justicia determinó que deberá someterse al control periódico del Patronato de Liberados y certificar formalmente el cumplimiento de cada una de las condiciones impuestas por los tribunales argentinos.
Asimismo, el fallo penal le exige de forma taxativa acatar las resoluciones previas de los fueros Civil y de Familia respecto al pago de la cuota alimentaria, una obligación que arrastraba años de incumplimiento sistemático.
Debido a esta situación de violencia económica, Naselli se encuentra inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y rige sobre él una restricción de salida del país en caso de ingresar a territorio argentino.
Tras un extenso proceso de litigio, la resolución marca un precedente de protección integral para Xipolitakis y su hijo.
