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CONDENARON A UN GITANO QUE «COMPRÓ» UNA MUJER CON DISCAPACIDAD PARA CASARSE

Ocurrió en San Juan. El hombre la obligó a vender productos en la calle y a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Fue sentenciado a 9 años de cárcel.

Un hombre de la comunidad gitana fue condenado a 9 años de prisión en San Juan por haber explotado sexual y laboralmente a una mujer con discapacidad intelectual, a la que mantuvo durante dos meses en una situación de servidumbre. El Tribunal Oral Federal también le impuso el pago de una indemnización de 4 millones de pesos a la víctima.

El condenado fue hallado culpable de trata de personas, explotación sexual y laboral, y unión forzada de hecho. Según la investigación, en enero de 2023 el hombre “compró” a la mujer a otra familia de la comunidad gitana, y desde entonces la obligó a hacer venta ambulante y a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La joven fue rescatada en marzo del mismo año, después de lograr escapar mientras vendía hilos y medias en la calle. En su declaración ante la Justicia, contó que era vigilada constantemente, que todo el dinero que generaba se lo tenía que entregar a la familia del acusado y que no podía decidir sobre su cuerpo ni sobre su vida.

Durante el juicio se probó que Mitar no solo la obligaba a mantener relaciones sexuales, sino que además la llevó a una sala médica cercana a su casa para que le retiraran el chip anticonceptivo, con el objetivo de forzar su reproducción. Para la fiscalía, esto fue un claro ejemplo de violencia sexual y contra la libertad reproductiva, enmarcada en la ley 26.485 de protección integral a las mujeres.

El juez Daniel Doffo destacó que la víctima atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad: no tenía redes familiares ni contención estatal, y presentaba un bajo nivel intelectual. Eso, sumado a las amenazas, hizo posible que fuera sometida durante semanas sin que nadie la ayudara, explicó en su fallo.

Además de la prisión, el tribunal ordenó el pago de una reparación económica de 4 millones de pesos. La cifra fue calculada con ayuda de la Secretaría para la Identificación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), y contempla el daño económico, moral y psicológico sufrido por la víctima.

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