Un tribunal de enjuiciamiento de magistrados de La Pampa suspendió en su cargo a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de Menores Elisa Alejandra Catán, quienes otorgaron la custodia del niño Lucio Dupuy a su progenitora y su novia, las cuales fueron condenadas por el crimen del pequeño.
El Tribunal tomó la decisión de manera unánime luego de que el procurador general provincial, Mario Oscar Bongianino, acusara a la jueza y la funcionaria de «mal desempeño» en la tramitación de los expedientes.
La suspensión tiene carácter «preventivo» y se extenderá «mientras dure la tramitación del juicio» de Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de General Pico; y de Catán, responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes número 2 de la misma ciudad.
Según publicó la agencia NA, la suspensión preventiva no significa una situación de culpabilidad anticipada de ambas magistradas sino que «así lo establece taxativamente el artículo 32 de la ley 313 de Jurado de Enjuiciamiento».
«Siempre que se hiciere lugar a la formación de causa, el jurado suspenderá al magistrado o funcionario en el ejercicio de sus funciones», determina la normativa.
La jueza y la asesora de menores afrontan un jurado de enjuiciamiento que podrá o no resolver sus destituciones de los cargos.
Pero mientras eso se debate, ninguna de las dos podrá seguir desempeñando sus funciones normales y habituales y sufrirán, además, el descuento del 50 por ciento de sus haberes.
Las imputadas dispondrán ahora de un plazo de diez días hábiles para presentar sus defensas ante el Jury.
Según la acusación, ambas «omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño».
Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021, cuando tenía 5 años, en la casa que compartía con su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez, quienes fueron condenadas a prisión perpetua por el hecho.
La condena fue ratificada por el Tribunal de Impugnación Penal y sólo resta por delante el Tribunal Superior pampeano y la Corte Suprema federal para que la sentencia quede firme.
