Durante la mañana de este jueves se realizaron casi 50 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Esther. Fue como consecuencia de las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro y a los atentados ocurridos entre el martes y el miércoles contra una sucursal del banco Macro de Saavedra y Ovidio Lagos, el hospital de emergencias Clemente Álvarez y una escuela de Cochabamba al 5500.
Los operativos fueron solicitados por Franco Carbone, Pablo Socca y Federico Rébola, fiscales de la unidad de Balaceras.
Para el ministro de Seguridad santafesino Pablo Cococcioni, los ataques son la reacción a los cambios en las políticas penitenciarias que se pusieron en marcha desde la asunción del nuevo gobierno, que reubicó presos dentro de las cárceles y al mismo tiempo trasladó a reclusos que estaban en comisarías a unidades penitenciarias.
Según publicó el portal Rosario 3, la causa, que lleva pocas horas, tiene dos hipótesis sobre la firma de las notas arrojadas en la puerta del Heca y del banco Macro.
HIPÓTESIS 1
Una de ellas es que un recluso que estaba alojado en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero haya sido trasladado recientemente al sector de alto perfil y haya buscado dar vuelta atrás la decisión con las balaceras.
Ese preso alguna vez fue delegado del pabellón 9. Y, ahora, fue llevado al sector de alto perfil en una fecha anterior a la masiva reubicación ocurrida el martes pasado. Se trata de uno de los presuntos cabecillas de la organización que lidera el condenado jefe narco Julio Andrés Rodríguez Granthon.
HIPÓTESIS 2
La otra línea investigativa que tienen los fiscales es que reclusos de los pabellones 6, 7 y 8 que el martes pasado fueron objeto de reubicación de reclusos –sacados de esos sectores comunes y llevados a lugares para alto perfil– hayan querido «tumbear» a los que estaban en el pabellón 9, donde ese día no se hicieron movimientos de internos, publicó el portal rosarino.
