Un error administrativo del gobierno de San Luis derivó en un hecho insólito que se convirtió en noticia. Como todos los meses, Verónica Acosta esperaba un depósito de 8000 pesos de su exmarido, correspondientes a la cuota alimentaria, y en esa espera recibió más de $500.000.000.
En cuestión de horas, la mujer se gastó todo el dinero, que según contó después compartió con distintos familiares. Ahora, ella y cinco allegados suyos deberán pagar una fianza de $30 millones para no quedar detenidos, acusados por la Justicia provincial de estafa.
El hecho ocurrió el 6 de mayo cuando Acosta, oriunda del municipio de Villa Mercedes, recibió más de $500 millones provenientes del gobierno provincial. El error fue rápidamente identificado por el tesorero de la administración local que realizó el depósito, quien luego denunció el episodio. Sin embargo, la mujer realizó 66 transferencias, compró un auto, una heladera, dos televisores, un microondas, una freidora y una mochila de inodoro.
La Justicia ordenó la imputación de la mujer y cinco allegados suyos identificados como Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil por defraudación al Estado, retención indebida y otros delitos.
A pesar de la equivocación, se logró recuperar más del 90% del dinero transferido. Es que parte de ese dinero devuelto voluntariamente, mientras que otras cuentas lograron ser bloqueadas. De acuerdo a lo informado por el medio local, toda la transacción fue digital, por lo que el restante es rastreado por las autoridades en billeteras virtuales secuestradas.
Según expresó la fiscal Daniela Torres, a cargo de la causa, se trató de una “maniobra delictual”, que tuvo como objetivo vaciar la cuenta en beneficio propio. Por su parte, la jueza Subrogante del Juzgado de Garantía Nº 3, Antonela Panero, resolvió que tanto Acosta como sus cinco familiares deberán pagar $30 millones en el lapso de tres días hábiles y en concepto de fianza para evitar su detención.
