Un grupo de docentes de nivel inicial de una institución pública del barrio de Boedo denunció que detectaron consumos reiterados y desmedidos a través de sus tarjetas de débito y crédito. Los gastos eran realizados en plataformas de juego y de venta de pasajes. Las víctimas apuntaron contra una compañera que trabajó como suplente en la misma escuela.
La investigación está en manos de la Fiscalía N° 5 Especializada en Ciberfraudes, a cargo del Dr. Miguel Ángel Kessler.
En la denuncia, los docentes indicaron que detectaron un patrón común en los lugares donde se realizaron consumos, que eran los mismos en todos los casos.
Kessler instruyó la investigación para reconstruir el rastro de las operaciones ilícitas, delegando tareas en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para obtener datos que verifiquen la identidad de la o las personas que realizaron las compras.
De esta manera, se recolectaron testimonios a los involucrados que permitieron establecer 105 compras realizadas, entre ellas comercios con locales a la calle, plataformas de juego online, pasajes de avión y otras por un total de $3.688.287,67.
Los investigadores realizaron un análisis de cada una de las denuncias y se solicitó información a las entidades bancarias correspondientes a las víctimas, con el fin de ampliar el examen sobre las transacciones desconocidas. Asimismo, se realizó un mapeo de los comercios que permitió verificar la cercanía.
Con la información aportada por las empresas comerciales involucradas en las compras desconocidas, se realizaron averiguaciones en torno a los beneficiarios de las operaciones.
Así se logró dar en una de las plataformas de juego online con unas cuentas bancarias asociadas a 2 personas que resultaron ser los padres de la maestra «J», una docente curricular que se encontraba realizando una suplencia.
En esta plataforma, no solo cargaron dinero en una cuenta, sino que incluso lo multiplicaron para luego extraerlos a cuentas de su control y titularidad.
SE FUE DEL PAÍS
Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones informó al ajusticia que la maestra «J» viajó a Europa sin regresar hasta el día de la fecha.
EL PADRE IMPUTADO
Con la identidad de los involucrados en la defraudación, la Fiscalía imputó al padre de la maestra «J», por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética, previsto en el artículo 173 inc. 15 del Código Penal.
Tras reconocer su culpabilidad en los hechos atribuidos, el padre acordó con la fiscalía un Acuerdo de Autocomposición, a través del cual se pudo restituir todo el dinero defraudado de los 22 hechos en que él estuvo involucrado, más los intereses a las denunciantes que ascendió a más de $1.200.000.
Finalmente, respecto de la docente implicada en la defraudación la fiscalía realizó el pedido de captura internacional.
