Tras el crudo relato presentado por los fiscales sobre las agresiones que habrían provocado la muerte de Ángel, el niño de 4 años que falleció el domingo de Pascuas en Comodoro, el juez Alejandro Soñis autorizó la apertura de la investigación y dictó este martes la prisión preventiva por el plazo de seis meses para Mariela Altamirano, mamá del nene, y Michael Kevin González, pareja de la mujer.
«Voy a coincidir con el Ministerio Público Fiscal, a través de todas estas evidencias y elementos que trajeron a colación. Las entrevistas, donde queda de manifiesto un maltrato hacia el niño por parte de los imputados, sumados a un elemento científico que es la autopsia», señaló el magistrado sobre la hipótesis planteada por los investigadores, quienes señalaron que el niño sufrió «golpes voluntarios» que le provocaron las lesiones internas que desencadenaron su fallecimiento.
Soñís también se refirió a las objeciones presentadas por los abogados que representan a Altamirano y González. «La defensa manifiesta que puede haber otras posibilidades respecto de estas lesiones, pero la Fiscalía ha sido contundente respecto al informe que indica que estas lesiones fueron provocadas y no accidentales. Podemos afirmar, a priori, que estos golpes no fueron producto de una situación accidental, sino más bien por una golpiza», remarcó el magistrado.
Tomando ese aspecto como fundamento central, el juez señaló que el niño estaba al cuidado de González y Altamirano. «Hablamos de golpes, lesiones, provocadas en un niño de 4 años, por una persona mayor, deben representar la idea de que en el tiempo iban a llevar a lesiones mucho más graves y a este desenlace fatal», sostuvo.
En otro tramo de su exposición, Soñis señaló que «la madre no ha hecho nada para interrumpir el maltrato que venía sufriendo». Y agregó: «Había connivencia en aceptar este maltrato a lo largo del tiempo. De allí viene esta acción por omisión a la que refiere el fiscal».
En el cierre de su exposición, el juez argumentó la decisión de otorgar la prisión preventiva mientras avanza la investigación. «Nuestra legislación habilita a cautelar el proceso por estos dos aspectos, peligro de fuga y de entorpecimiento. No es un adelanto de pena sino una finalidad procesal solamente», explicó.
En base a esos argumentos, comunicó su decisión final. «Efectivamente, (los imputados) no cuentan con arraigo en la ciudad, tienen hijos en otra localidad, no tienen trabajos estables. También entiendo el peligro procesal de entorpecimiento debido a que son los vecinos lindantes quienes han hablado con el MPF. Por todo esto es que están dadas las condiciones para avanzar con la prisión preventiva», concluyó.
A pedido de los investigadores, el juez ordenó además secuestrar un celular de Altamirano, que —según señaló el fiscal Facundo Oribones— fue adquirido luego de los allanamientos realizados en su casa y está en poder de la comisaría de Rada Tilly, donde la mujer está detenida. «Entendemos que puede haber información relevante respecto al hecho. Es un teléfono de corta data ya que fue adquirido con posterioridad al día 8 de abril», explicó Oribones.
