Una compleja trama de engaños, falsificación de documentos y falsas influencias dentro de los Tribunales de San Juan llegó a su fin. Macarena Selene Cantero fue condenada a la pena de 5 años de prisión en un acuerdo de juicio abreviado. La mujer operaba bajo el rol de una supuesta empleada judicial para concretar múltiples maniobras de estafa, acumulando un perjuicio económico total estimado en 119 millones de pesos.
Según publicó el diario sanjuanino Colón, el acuerdo acumuló tres legajos fiscales conexos por defraudación por engaño, falsificación y uso de documentos públicos y privados. Pese al dictamen de prisión efectiva, el magistrado resolvió que la falsa operadora cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
PIDIÓ DOMICILIARIA POR «SER LACTANTE»
LA OPERATORIA
Una de las denuncias clave que destapó el mecanismo tuvo como víctima a una joven desempleada que contactó a Cantero a través de publicaciones en redes sociales. La imputada afirmaba desempeñarse en el Poder Judicial de San Juan y ostentar conexiones directas con magistrados y letrados.
Bajo ese ardid, le exigió a la damnificada un pago de $400.000 para asegurarle un puesto en la Justicia provincial, e incluso llegó a cotizar en $600.000 un cargo en el ámbito federal. Para dotar la operación de aparente legalidad, Cantero enviaba correos electrónicos con instructivos, material de estudio y un examen falso de capacitación laboral, además de coordinar llamadas con supuestos funcionarios judiciales. Cuando la denunciante advirtió inconsistencias y solicitó el reintegro de su dinero, la condenada intentó dilatar el reclamo proponiendo compensarlo con presuntas deudas familiares por un trámite sucesorio inexistente.
SE LE ANIMÓ A LOS NARCOS
El expediente también acreditó otra maniobra extorsiva desplegada contra dos hermanos de apellido Villalba. Cantero les hizo creer falsamente que estaban involucrados en una investigación penal por narcotráfico y que eran inminentes órdenes de allanamiento y detención en su contra.
Para consumar el desfalco, la mujer les suministró el teléfono de un supuesto abogado que les solicitó sumas millonarias para intervenir en el juzgado y evitar que cayeran presos, indicándoles que el dinero debía entregarse en mano a la propia Cantero. Con el tiempo, los damnificados descubrieron que el expediente judicial no existía y que el profesional era un impostor.
La maniobra terminó de exponerse ante la Fiscalía cuando los hermanos se presentaron formalmente con representación letrada, revelando el ardid que finalmente le costó la condena a la falsa empleada judicial.
